La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) ha solicitado al Gobierno que reconsidere algunos aspectos del proyecto de Real Decreto de alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La organización empresarial comparte el objetivo de fomentar hábitos alimentarios más saludables, pero considera que las restricciones previstas podrían tener consecuencias importantes para la actividad de las máquinas expendedoras, especialmente en hospitales, residencias y otros centros públicos donde estos dispositivos garantizan el acceso a alimentos y bebidas durante las 24 horas del día.
Según las estimaciones de ANEDA, una aplicación estricta de la normativa podría poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos y reducir en unos 18 millones de euros anuales los ingresos que perciben los centros públicos por las concesiones de explotación de máquinas expendedoras. De esa cantidad, aproximadamente ocho millones corresponderían a hospitales y otros centros sanitarios y sociosanitarios.
Las restricciones sobre los productos
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la obligación de reservar al menos el 80 % de la oferta de las máquinas expendedoras a productos considerados saludables. La propuesta del Ministerio de Consumo pretende reducir la presencia de alimentos ultraprocesados y productos con elevados contenidos de azúcar, sal o grasas saturadas, favoreciendo alternativas como frutas, frutos secos, yogures sin azúcares añadidos o productos integrales.
Sin embargo, ANEDA considera que los requisitos nutricionales previstos también para el 20 % restante limitan considerablemente la capacidad de los operadores para adaptar su oferta a las preferencias y necesidades de los consumidores. La asociación advierte de que estas exigencias resultan especialmente difíciles de aplicar en máquinas situadas en centros de baja demanda, donde la reposición de productos no se realiza diariamente.
Riesgo para el servicio nocturno en hospitales y residencias
La organización recuerda que las máquinas expendedoras cumplen una función especialmente importante fuera de los horarios habituales de cafeterías y comedores. Personal sanitario que trabaja en turnos nocturnos, familiares que acompañan a pacientes y visitantes que permanecen durante largas horas en los hospitales encuentran en estos dispositivos una de las pocas alternativas disponibles para adquirir alimentos y bebidas.
ANEDA insiste en que este servicio es complementario a la alimentación que reciben los pacientes y residentes, por lo que considera necesario tener en cuenta sus particularidades. La asociación teme que la reducción de la rentabilidad de determinadas instalaciones termine provocando la retirada de máquinas, la desaparición de puntos de venta o la falta de empresas interesadas en participar en concursos públicos.
Los autónomos y las pequeñas empresas, entre los más afectados
Otro de los aspectos que preocupa al sector es el coste económico de adaptar las máquinas existentes a los nuevos requisitos. La incorporación de alimentos frescos, la modificación de los sistemas de refrigeración y el incremento de las frecuencias de reposición podrían obligar a realizar inversiones significativas. Estas exigencias afectarían especialmente a los autónomos y pequeños operadores, que cuentan con menos recursos financieros y gestionan frecuentemente instalaciones con un volumen reducido de ventas.
Además, la asociación advierte de que introducir productos con una vida útil más corta podría incrementar el desperdicio alimentario, al aumentar las caducidades y las retiradas de alimentos no vendidos.
ANEDA reclama seguridad jurídica y más tiempo para adaptarse
La organización también cuestiona determinados aspectos jurídicos del proyecto, entre ellos el régimen sancionador, el alcance de la regulación de la venta automática y la necesidad de notificar determinadas disposiciones técnicas a la Comisión Europea. A su juicio, estos problemas podrían provocar litigios y generar incertidumbre tanto para las empresas operadoras como para las administraciones públicas.
Para evitarlo, ANEDA ha remitido a varios ministerios una serie de propuestas técnicas destinadas a mejorar el texto sin renunciar a los objetivos de salud pública. Entre las principales peticiones figura ampliar de 12 a 24 meses el periodo de adaptación de las máquinas expendedoras y establecer mecanismos que protejan los contratos actualmente en vigor. La asociación también reclama un estudio económico específico que permita evaluar el impacto de la normativa sobre autónomos y pequeñas empresas.
El Gobierno defiende la necesidad de mejorar la alimentación
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 defiende que la nueva regulación permitirá garantizar una alimentación más saludable en hospitales, residencias, escuelas infantiles y otros espacios públicos. El ministro Pablo Bustinduy aseguró que el decreto estaba preparado para su aprobación y manifestó su intención de llevarlo al Consejo de Ministros con la mayor brevedad posible.
La iniciativa forma parte de las políticas destinadas a mejorar la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos en instalaciones públicas y reducir el consumo de productos ultraprocesados. Pese a sus discrepancias con el texto, ANEDA insiste en su disposición a colaborar con la Administración para alcanzar estos objetivos.
La asociación recuerda que el sector español de la venta automática cuenta con más de 390.000 máquinas y una facturación anual superior a 1.775 millones de euros, lo que refleja su importancia económica y su presencia en numerosos espacios de uso cotidiano. El debate se centra ahora en encontrar un equilibrio entre la mejora de la alimentación, la viabilidad económica de los operadores y la continuidad de un servicio que, en determinadas instalaciones sanitarias, permanece disponible cuando el resto de las alternativas están cerradas.
