UGT y CCOO Madrid han denunciado la imposición de unos servicios mínimos abusivos para la huelga general del 11 de noviembre. Los sindicatos han criticado la actuación de la Administración madrileña durante una reunión celebrada para negociar estos servicios mínimos.
Según UGT y CCOO, el proceso de negociación ha estado marcado por la falta de transparencia y la ausencia de documentación necesaria para una negociación efectiva. Durante la reunión, la Administración presentó una propuesta de servicios mínimos a través de una presentación compartida en pantalla, sin proporcionar previamente ni durante el encuentro la documentación completa que permitiera a los sindicatos analizar adecuadamente su contenido.
Los representantes de CCOO y UGT expresaron que no podían pronunciarse sobre la propuesta sin contar con la documentación necesaria y solicitaron en varias ocasiones que esta fuera enviada por escrito. Sin embargo, la Administración mantuvo su planteamiento sin facilitar los documentos requeridos.
Los sindicatos consideran que muchos aspectos de la propuesta son claramente desproporcionados y podrían vulnerar el ejercicio del derecho fundamental de huelga. También se manifestaron discrepancias respecto a los criterios aplicados en sectores como la educación y la sanidad.
Además, UGT y CCOO denunciaron que el acta elaborada por la Administración no refleja fielmente las intervenciones de la representación sindical, omitiendo manifestaciones y posicionamientos expresados durante la reunión. Esta situación impide que quede constancia real del desarrollo de la negociación y va en contra de los principios de transparencia y respeto institucional.
Por todo ello, los sindicatos han solicitado formalmente toda la documentación relacionada con la determinación de los servicios mínimos, incluyendo informes técnicos y criterios empleados para su elaboración, con el objetivo de realizar un seguimiento riguroso del respeto a los derechos de los trabajadores.
UGT y CCOO han anunciado que no firmarán el acta elaborada por la Administración, ya que consideran que no refleja adecuadamente las intervenciones sindicales ni las incidencias ocurridas durante la reunión. Exigen a la Comunidad de Madrid que rectifique su actuación, facilite la documentación solicitada y garantice un proceso de negociación transparente y respetuoso. Además, se reservan el derecho a tomar las acciones legales que consideren necesarias para impugnar o denunciar los servicios mínimos establecidos.