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Madrid amplía al 4,25 % la reserva de contratos socialmente responsables para 2027

La Junta de Gobierno de Madrid ha decidido aumentar al 4,25 % la reserva de contratos públicos para fomentar la contratación inclusiva, lo que representa una reserva mínima de siete millones de euros.

Madrid amplía al 4,25 % la reserva de contratos socialmente responsables para 2027

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha acordado fijar en un mínimo del 4,25 % los contratos públicos que los órganos de contratación municipales reservarán en 2027 para los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Este porcentaje implica, en términos de importes estimados, una reserva mínima de siete millones de euros.

Esta medida tiene como objetivo favorecer la contratación pública inclusiva, promoviendo el empleo y la participación social de personas con discapacidad y colectivos con dificultades de empleabilidad. El porcentaje de reserva se eleva un 0,25 % y la cantidad mínima reservada se incrementa en 400.000 euros respecto a 2026.

Es importante destacar que estas cifras son referencias mínimas, lo que significa que los contratos finalmente reservados para su adjudicación por los diferentes centros gestores y órganos de contratación municipales —Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas del sector público— pueden superar este porcentaje.

Desde 2019, año en el que se estableció el porcentaje mínimo de reserva en el 2 % y el importe en 2,4 millones de euros, se han ejecutado 368 contratos municipales por un importe superior a 64,7 millones de euros. Las actividades desarrolladas abarcan servicios de limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, entre otros.

En 2026, el plan de reserva aprobado por el área económica municipal contempló contratos por un importe agregado superior a 9,6 millones de euros, garantizando el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva del 4 % establecido para este año.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social están regulados en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social, y son empresas con un mínimo del 70 % de la plantilla formada por personas con discapacidad. Las empresas de inserción, por su parte, se dedican a la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social.

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