El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido suspender cautelarmente los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de Madrid para la huelga general del 11 de noviembre en sectores como Educación, Administración de Justicia y gran parte del transporte público. Esta medida se ha tomado tras un recurso presentado por CCOO Madrid.
La resolución judicial obliga al Gobierno regional a sustituir las dotaciones impuestas para 2026 por las acordadas en 2012 con las organizaciones sindicales.
Educación: cambios en las ratios docentes
En el ámbito educativo, la Comunidad de Madrid había establecido unas dotaciones de personal docente basadas en el número de alumnos, con ratios de un docente por cada 50 alumnos en Primaria y uno por cada 90 en Secundaria. Sin embargo, la resolución judicial elimina estas exigencias y recupera los servicios mínimos pactados en 2012, que solo requieren la presencia de determinados responsables de los centros y las dotaciones específicas para los servicios esenciales.
El Tribunal considera que el derecho a la educación se desarrolla a lo largo del curso escolar y no se limita a un solo día, mientras que el derecho a secundar una huelga sí se ejerce en ese periodo.
Transporte: reducción de servicios mínimos
La decisión del TSJM también afecta al transporte público. En los autobuses interurbanos y urbanos de municipios distintos de Madrid capital, los servicios mínimos se reducen del 50% al 30% en hora punta y del 45% al 25% durante el resto de la jornada. En la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), los mínimos pasan del 50% al 30% en la red específica y del 40% al 20% en la red concurrente.
Los servicios mínimos de los metros ligeros y del tranvía de Parla también se ven reducidos, pasando del 50% al 30% en hora punta y del 45% al 25% durante el resto de la jornada. En el caso del transporte escolar, se elimina el 60% de servicios mínimos impuesto, aplicándose ahora el 25% establecido en 2012.
Justicia: eliminación de dotaciones adicionales
En la Administración de Justicia, la Comunidad de Madrid había fijado servicios mínimos del 25% en distintos órganos judiciales y del 30% en actuaciones relacionadas con la violencia sobre la mujer. El Tribunal ha determinado que la Administración no ha justificado la necesidad de mantener estas dotaciones adicionales, por lo que se recupera el régimen de 2012, centrado en garantizar los servicios de guardia y las actuaciones esenciales.
Un paso importante para el derecho de huelga
La resolución del TSJM es clave, ya que reconoce que el derecho de huelga tiene una particularidad que requiere una respuesta judicial inmediata. Si los servicios mínimos impuestos impidieran a los trabajadores ejercer su derecho y luego se declararan contrarios a Derecho, el perjuicio ya se habría producido sin posibilidad de reparación.
La resolución ordena el cumplimiento inmediato por parte de la Comunidad de Madrid, lo que representa un avance significativo en la defensa del derecho fundamental de huelga y subraya la importancia de controlar judicialmente las restricciones que puedan obstaculizar su ejercicio efectivo.
