El Defensor del Pueblo ha registrado en las Cortes Generales un informe titulado La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico. Este documento propone 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para mejorar el derecho a la vivienda, tal como se establece en el artículo 47 de la Constitución.
Este informe es el resultado de una investigación iniciada en junio de 2025, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y los 10 ayuntamientos más poblados de España. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado su esperanza de que las recomendaciones contenidas en este informe ayuden a que las políticas públicas satisfagan el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Recomendaciones clave
El informe dirige recomendaciones a diversas administraciones, recordando que la Constitución exige a todas las entidades públicas que trabajen para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. Entre las recomendaciones, se destacan:
- Incrementar la inversión pública en la creación de vivienda pública.
- Coordinar políticas públicas a corto, medio y largo plazo para garantizar la asequibilidad de la vivienda.
- Aumentar el número de viviendas públicas y protegidas, especialmente destinadas al alquiler.
Gabilondo ha señalado que la existencia de un parque de viviendas de protección pública es esencial para facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles y regular el mercado de la vivienda.
Medidas frente a desahucios
Mientras se trabaja en la creación de un parque de vivienda suficiente, el Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de implementar medidas extraordinarias para proteger a las personas vulnerables frente a desahucios. Además, se recomienda incentivar el alquiler asequible de viviendas desocupadas mediante medidas fiscales y acuerdos con grandes tenedores.
El informe también sugiere la posibilidad de regular una prestación económica para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, así como fomentar la construcción de más viviendas en zonas que lo necesiten, siempre respetando los estándares de calidad y servicios públicos.
Por último, el Defensor del Pueblo ha hecho un llamado a las administraciones para que agilicen las ayudas destinadas al alquiler y la rehabilitación de viviendas, evitando demoras en los procesos que afectan a quienes más lo necesitan.
