La Delegación del Gobierno de España en Madrid ha comunicado que, tras un desalojo realizado por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal, se ha puesto fin a la acampada en la emblemática Puerta del Sol, que comenzó el 26 de septiembre.
Este desalojo es el resultado de un proceso gradual que buscaba garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes, y recuperar el uso habitual de este importante espacio público.
Un proceso gradual y dialogado
Desde el inicio de la acampada, la Delegación del Gobierno consideró que la permanencia en la Puerta del Sol formaba parte del derecho fundamental de reunión. Durante este tiempo, se priorizó la interlocución y se mantuvieron abiertos los canales de comunicación con las personas acampadas y diversas asociaciones.
Las acciones llevadas a cabo incluyeron:
- Evaluaciones continuas de la situación.
- Retiradas voluntarias de instalaciones.
- Medidas para proteger la seguridad y el orden público.
Motivos del desalojo
La Delegación, bajo la dirección de Francisco Martín, envió un comunicado a los acampados informando sobre la necesidad de poner fin a la acampada, dado que se había superado un periodo razonable para hacer llegar sus reivindicaciones. Además, se constató que muchas de las personas acampadas eran vulnerables y que el objetivo inicial de la protesta había cambiado.
Tras no recibir respuesta, se emitió un segundo escrito exigiendo el desmantelamiento de la acampada. Finalmente, el 30 de octubre, se comunicó que se disolverían las comisiones organizadoras de la acampada, aunque algunas personas continuaron en el lugar.
Decisión final y desalojo
La Delegación recibió informes sobre incidentes y alteraciones del orden público en el área de la acampada, lo que llevó a la decisión de proceder al desalojo como último recurso. La acción policial se llevó a cabo con el objetivo de restablecer la normalidad en la Puerta del Sol, siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad y la atención a las personas más vulnerables.
“Se ha actuado con gradualidad y siempre buscando el diálogo, pero la situación requería una intervención para garantizar la seguridad y el uso del espacio público”, señaló la Delegación.
