Más Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y su titular, Mercedes Zarzalejo, por difundir información falsa sobre un centro educativo de Villarejo de Salvanés durante la reciente huelga educativa.
La formación denuncia que las acusaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso provocaron una oleada de amenazas contra el profesorado de un colegio público que no tenía relación con los hechos, exigiendo una rectificación pública y el archivo de cualquier expediente disciplinario abierto.
La queja, presentada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, solicita que se investiguen las actuaciones de la Consejería de Educación, después de que el Ejecutivo autonómico se negara a rectificar las acusaciones a pesar de que se conoció que el correo electrónico utilizado para desacreditar la huelga había sido malinterpretado.
“Presentamos una queja al Defensor del Pueblo por las acusaciones falsas de la consejera de Educación contra un colegio de Villarejo de Salvanés por la huelga educativa”, indica Bergerot.
Los hechos se remontan al 14 de octubre, cuando Zarzalejo mostró un correo electrónico que, según afirmó, había enviado la dirección de un centro educativo de Villarejo de Salvanés a las familias. Utilizó el mensaje para denunciar el carácter político de la huelga y acusó al centro de incitar a la violencia. Sin embargo, el correo no contenía ninguna consigna del centro, sino una cita del Sindicato de Estudiantes.
El mensaje provenía del Colegio Santa Elena, un centro privado concertado, y no del CEIP Nuestra Señora de la Victoria, el único colegio público de Villarejo de Salvanés, que imparte solo Educación Infantil y Primaria. Esto ha llevado a que el colegio público reciba amenazas y mensajes de odio.
Más Madrid subraya que, hasta la fecha, no hay constancia de ninguna rectificación pública ni medidas de protección para la comunidad educativa afectada. En su escrito, la formación considera que la actuación del Gobierno regional vulnera principios de objetividad y transparencia, y advierte de una posible lesión del derecho al honor del director señalado.
La queja también cuestiona qué potestad disciplinaria pretende ejercer la Consejería sobre el director de un centro privado concertado, al no tratarse de un empleado público.
