La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la operación “Vatoil-Visco”, que ha resultado en la detención de seis personas y la investigación de otras ocho, todas ellas vinculadas a una organización criminal con sede en Murcia. Esta banda se dedicaba a la distribución y venta de hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales, defraudando más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en solo un año.
La investigación comenzó tras detectar movimientos inusuales en varias empresas que comercializaban carburante sin repercutir los impuestos correspondientes. La organización utilizaba un entramado de empresas y documentación alterada para dar apariencia legal a sus operaciones y ocultar el origen de sus beneficios.
En el año 2025, solo en relación con dos de las sociedades investigadas, se estima que dejaron de ingresar alrededor de 400.000 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y más de 1.800.000 euros en Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Desarrollo de la operación
La operación se llevó a cabo mediante un amplio dispositivo que involucró a distintas unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia, así como agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En Murcia, se realizaron seis registros, incluyendo uno en una nave industrial y cinco en domicilios particulares. Durante estas acciones, se detuvo simultáneamente a cinco de los implicados, mientras que un sexto sospechoso fue arrestado al día siguiente.
En los registros se intervinieron cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad delictiva. Además, se precintaron tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante y se bloquearon más de 60 cuentas bancarias vinculadas a la organización.
Consecuencias legales
A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, así como delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Todos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Uno de ellos ha ingresado en prisión debido a un señalamiento judicial previo, mientras que los demás han quedado en libertad con medidas cautelares.
Esta operación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con el apoyo de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia.
