En declaraciones realizadas en Zamora, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, afirmó: “Hoy nos levantamos viendo que, para ‘revuelta’, la revuelta de las facturas del Partido Socialista que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional”.
Gamarra subrayó que “igual que han ocultado las joyas de Zapatero en cajas fuertes, ahora lo que intentan es ocultar los contratos del Partido Socialista y las facturas del Partido Socialista”. Acusó al presidente Sánchez de conocer lo sucedido y de ser “el número uno de todas estas tramas de corrupción”, advirtiendo al PSOE que “no van a poder esconderse” y que se acabará sabiendo toda la verdad, “por más que se nieguen a presentar los contratos que el juez les requiere o por más que hayan intentado maquillar la contabilidad del Partido Socialista”.
“Tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, añadió. Gamarra prometió “tolerancia cero con la delincuencia y con la corrupción”, así como protección para ciudadanos honrados y para quienes más lo necesitan, y una “regeneración absoluta de nuestras instituciones para recuperar la confianza en ellas que el sanchismo ha quebrado”.
Se refirió a los españoles como “asqueados de la corrupción, indignados por el abuso de poder, hartos de trampas y mentiras y saturados de la polarización y el enfrentamiento”, proclamando que “ha llegado el momento del cambio”.
Apuntó que el 29 de noviembre los españoles “tenemos la oportunidad de votar para que se sepa la verdad” y para que “se pueda conocer todo lo que han hecho”, a pesar de la intención de Sánchez de convocar elecciones “pensando que si eran pronto no nos enteraríamos de nada”.
Pidió un Ejecutivo que invierta los impuestos de todos en mejorar las infraestructuras en lugar de “en los bolsillos de los dirigentes del Partido Socialista a cambio de mordidas”, recordando que se ha destapado que en La Rioja la trama de Cerdán se llevó dos millones de euros.
Denunció que el privilegio de los socios de Sánchez haya supuesto discriminación para otros españoles y se comprometió a recuperar las frecuencias ferroviarias perdidas y a ofrecer unos servicios de calidad: “Un tren, no sólo que llegue a tiempo, sino que recupere la prestación de los servicios de calidad que los españoles merecemos”.
Acusó al Gobierno de haber “abandonado” a los policías y guardias civiles y se comprometió a “proteger a quienes nos protegen” mediante la equiparación salarial, la declaración de profesión de riesgo, la actualización de las dietas y la protección legal sobre el uso de armas en su defensa.
Señaló que la criminalidad ha crecido un 6% en el primer semestre de 2026 en Zamora, una provincia que se ha caracterizado por su seguridad, y defendió actuar para frenar ese aumento antes de que resulte insostenible, como ya ocurre en otros lugares.
Mostró también su compromiso con los profesionales y operadores judiciales, pidiendo reformas “necesarias” para “recuperar los ritmos de los tribunales de instancia que con la nefasta Ley Bolaños se han colapsado”.
Defendió más profesionales sanitarios y mejores condiciones laborales para reducir las listas de espera, al tiempo que reclamó una financiación adecuada para que las comunidades autónomas atiendan estas necesidades y denunció que el déficit de profesionales se haya cronificado y agudizado durante el sanchismo: “Venimos a resolver los problemas”.