Durante una reciente reunión, la Administración presentó una propuesta de servicios mínimos a través de una presentación en pantalla, sin proporcionar previamente ni durante el encuentro la documentación completa necesaria para que los sindicatos pudieran analizarla adecuadamente.
Los representantes de CCOO y UGT manifestaron que no podían pronunciarse sobre la propuesta sin tener acceso a la información necesaria. A pesar de sus solicitudes reiteradas, la Administración no facilitó los documentos requeridos.
Ambos sindicatos consideran que, basándose únicamente en las imágenes mostradas, muchos aspectos de la propuesta son desproporcionados y podrían vulnerar el derecho fundamental de huelga. En particular, señalaron discrepancias en los criterios aplicados en sectores como la educación y la sanidad.
Es preocupante que la Administración intente atribuir la falta de propuestas alternativas a los sindicatos, cuando estos no contaban con el texto necesario para pronunciarse. La ausencia de información esencial dificulta una negociación real y efectiva.
Además, CCOO y UGT denunciaron que el acta elaborada por la Administración no refleja fielmente todas las intervenciones de los representantes sindicales, omitiendo importantes manifestaciones y la participación de otras organizaciones sindicales no convocantes de la huelga.
Esta falta de transparencia y respeto institucional en el proceso de negociación es inaceptable. Por ello, los sindicatos han solicitado formalmente toda la documentación relacionada con la determinación de los servicios mínimos, incluyendo informes técnicos y criterios utilizados, para asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores.
CCOO y UGT han anunciado que no firmarán el acta elaborada por la Administración, ya que consideran que no refleja adecuadamente las intervenciones y los incidentes ocurridos durante la reunión. Exigen a la Comunidad de Madrid que rectifique su actuación, proporcione la documentación solicitada y garantice un proceso de negociación transparente y respetuoso con los derechos de los trabajadores.
Los sindicatos también se reservan el derecho a tomar acciones legales para impugnar o denunciar los servicios mínimos establecidos.
