En una entrevista en la Cadena SER, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido sus objetivos para mejorar la situación económica de los trabajadores. Su intención no solo es subir el salario mínimo, sino también el salario medio para que la población mejore su poder adquisitivo y se impulse el crecimiento económico.
Feijóo ha señalado que para lograrlo, se reunirá con sindicatos y patronal. Además, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por incrementar la deuda en un 44%, lo que equivale a casi 600.000 millones de euros. Según él, el Ejecutivo ha beneficiado a sí mismo al subir el salario mínimo, mientras que la vivienda ha aumentado un 30% más que los salarios y la cesta de la compra un 44% durante su mandato.
El líder del PP ha calificado la crisis de vivienda generada por el actual Gobierno como “la mayor crisis social que se ha vivido en este país”. Para hacer frente a esta problemática, se ha comprometido a construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, lo que generaría 500.000 puestos de trabajo y abarataría el precio de compra.
Entre sus propuestas, destaca el uso de suelo público para construir casas un 30% más baratas que las del mercado, así como la reducción del ITP y el IVA en un 60% para menores de 40 años, permitiendo el pago aplazado de impuestos. También ha mencionado la necesidad de aprobar una Ley Antiocupación y reformar la Ley de Propiedad Horizontal.
En cuanto a las pensiones, Feijóo ha afirmado que no se pueden tocar y que su compromiso es actualizar anualmente las pensiones al IPC. Además, planea reactivar el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones para las futuras generaciones.
El presidente del PP ha criticado a Sánchez, calificándolo de “personaje tóxico” y ha enfatizado la necesidad de un cambio de Gobierno. Ha planteado preguntas sobre la financiación de las primarias de Sánchez y ha denunciado que las 48 leyes aprobadas por el PP en el Senado, que abordan el problema de la vivienda, están bloqueadas en el Congreso, lo que considera una “anomalía democrática sin precedentes”.
Finalmente, ha reafirmado su compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática y de impedir que personas condenadas por terrorismo formen parte de las listas de cualquier formación política.
