Durante su intervención en el Pleno, la diputada del GPP y miembro de la Mesa del Congreso, Marta González, ha reclamado una ley de violencia vicaria que incluya decisiones judiciales claras sobre patria potestad y régimen de visitas. Además, ha destacado la necesidad de implementar medidas de prevención y formación dirigidas a los operadores jurídicos, tanto en materia de violencia como de familia.
González ha insistido en la importancia de contar con una dotación presupuestaria suficiente para mejorar los medios de los juzgados, el turno de oficio, los equipos psicosociales y los puntos de encuentro. También ha subrayado la necesidad de ofrecer una respuesta global e integrada para las víctimas, especialmente para los niños y niñas.
La diputada ha señalado que la posición del grupo de Vox en materia de violencia contra las mujeres es completamente distinta a la del PP, defendiendo que “negar que existe una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad”.
Asimismo, ha rechazado que la violencia de género pueda asociarse únicamente a agresores extranjeros y ha pedido rigor al analizar los datos. En este sentido, ha cuestionado el dato del 52% de los filicidios atribuidos a mujeres, argumentando que la muestra utilizada —50 condenas firmes entre 2007 y 2022— es demasiado pequeña para extraer conclusiones estadísticas.
González ha recordado casos como el de las niñas Ana y Olivia, asesinadas en Tenerife en 2021, y ha señalado que cuando el progenitor se suicida o desaparece, el caso no genera condena y, por tanto, no se contabiliza en determinadas estadísticas. “Cada uno de esos casos es una tragedia y el Código Penal los castiga todos. Pero mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión”, ha sentenciado.
La diputada también ha reivindicado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género impulsado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contaba con un presupuesto de mil millones de euros, y ha recordado que su renovación fue rubricada durante la legislatura vigente.
Por último, ha criticado la actuación del Ministerio de Igualdad y ha denunciado problemas en la gestión de las pulseras de control de maltratadores, así como la falta de respuesta ante las advertencias sobre la manipulación de estos dispositivos.
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