UGT y CCOO han denunciado cargas policiales en Madrid y han resaltado el amplio seguimiento de la huelga general del 11N. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente parte de los servicios mínimos establecidos por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, CCOO ha anunciado que evaluará posibles acciones legales debido a las declaraciones de Ayuso contra las organizaciones sindicales.
La huelga general ha comenzado con una participación desigual en diferentes territorios, destacándose importantes paros en grandes industrias y denuncias de actuaciones policiales contra los piquetes informativos en Madrid. UGT y CCOO han ofrecido un segundo balance provisional de la jornada, correspondiente al cierre del turno de noche y al inicio del turno de mañana, donde han destacado el seguimiento de la convocatoria y cuestionado los servicios mínimos establecidos por varias comunidades autónomas.
El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, y el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, han comparecido ante los medios para explicar los primeros resultados, que aún no incluyen la actividad de sectores como la educación, las administraciones públicas, el comercio, la banca y otros servicios privados. Según los sindicatos, la huelga ha alcanzado un 75% de seguimiento en algunos territorios, especialmente en la cornisa cantábrica, Cataluña, Andalucía y gran parte del litoral mediterráneo, donde se identifica una mayor presión sobre el acceso a la vivienda.
Las cifras proporcionadas indican que el seguimiento se sitúa en torno al 75% en Andalucía y Aragón, mientras que en Extremadura y Castilla-La Mancha ronda el 41%. En los centros logísticos de Illescas, Toledo, y Guadalajara, los sindicatos afirman que la participación alcanza el 80%. También han destacado los paros en sectores como la automoción, la petroquímica y la industria cárnica, donde hay una fuerte presencia sindical.
Martín ha añadido que el consumo eléctrico ha registrado una reducción cercana al 10%, un indicador que, según las organizaciones convocantes, refleja la paralización de parte de la actividad industrial. Estos porcentajes son estimaciones sindicales preliminares y no constituyen un balance independiente de la jornada.
Uno de los temas centrales de la comparecencia ha sido la resolución del TSJM, que ha suspendido cautelarmente los servicios mínimos aprobados por el Gobierno autonómico para la Administración de Justicia, la educación y determinados transportes, excepto el Metro de Madrid. El tribunal ha dispuesto que se apliquen provisionalmente los mínimos correspondientes a la huelga general de 2012, tras el recurso presentado por CCOO.
Martín ha denunciado que las obligaciones impuestas por la Comunidad de Madrid dificultaban el ejercicio efectivo del derecho de huelga y ha criticado que otras autonomías hayan adoptado medidas igualmente restrictivas. Las organizaciones sindicales también han informado de dos detenciones, una de ellas en Mercamadrid, que afecta a un delegado de CCOO del sector del transporte, y otra en Zamudio, donde fue detenido un representante sindical del metal. Además, han reportado aproximadamente una docena de heridos, incluyendo a una responsable confederal de Juventud que sufrió una brecha en la cabeza durante los incidentes en Mercamadrid.
La utilización de gas pimienta por parte de agentes antidisturbios en Mercamadrid y en las cocheras de Fuencarral ha provocado una de las principales protestas de los sindicatos, que consideran desproporcionada la intervención policial. Las imágenes difundidas por distintos medios confirman episodios de tensión y el uso de gas pimienta, aunque las circunstancias concretas de cada actuación requieren una investigación diferenciada.
Martín también ha respondido a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien se refirió a las organizaciones y sus movilizaciones con expresiones como «mafia sindical» y «basura». «Esto es fascismo puro y duro», ha afirmado el dirigente de CCOO, que ha anunciado que los servicios jurídicos estudiarán si las palabras de la presidenta madrileña pueden dar lugar a acciones legales por una posible vulneración de derechos fundamentales o un delito de odio.
Más allá de los incidentes, UGT y CCOO han insistido en que la huelga busca denunciar el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que enfrentan miles de trabajadores para acceder a un hogar. «Salario digno, vivienda digna y unos servicios públicos de calidad y dignos», ha resumido Martín. Los convocantes consideran que los altos precios inmobiliarios impiden que algunos empleados públicos acepten destinos laborales en determinadas ciudades. Ambas organizaciones han emplazado a esperar los siguientes balances para conocer la dimensión completa de la huelga, que continuará con nuevas concentraciones y movilizaciones convocadas en distintos puntos de España.