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Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno por acampada ilegal en la Puerta del Sol

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia contra Francisco Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa, según ha informado la vicealcaldesa Inma Sanz.

Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno por acampada ilegal en la Puerta del Sol

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva.

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha destacado que la inacción continuada de Martín permitió que una concentración ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase entre el 26 de septiembre y su dimisión, momento en el que su sucesora puso fin a la situación.

La denuncia, que cuenta con 30 páginas, narra cronológicamente los acontecimientos de esos días, indicando que la concentración fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, a pesar de saber que no se ajustaba a Derecho. Este delegado tenía la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades de todos, no solo de los acampados.

Para reforzar su argumento, la denuncia se apoya en jurisprudencia y hechos documentados que el denunciado conocía. Se menciona que el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión facultaba a Martín a disolver la concentración ilegal debido a la presencia de objetos contundentes y peligrosos.

Además, se incluyen requerimientos y cartas enviadas desde el Ayuntamiento, que alertaban sobre la presencia de estos objetos prohibidos y otros graves altercados que afectaban al orden público. Se advertía también sobre los peligros en caso de una hipotética emergencia que requiriese evacuar la plaza, así como los daños materiales en bienes de especial protección y las agresiones que ocurrían allí.

La denuncia sostiene que no se trataba de meras sospechas, sino de datos objetivos que justificaban la actuación de Martín, quien no actuó por su propia arbitrariedad. Este comportamiento se califica como una manifiesta injusticia, ya que carece de fundamento jurídico y responde únicamente a la voluntad caprichosa de quien debía garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Un aspecto relevante en el documento es el cambio de criterio de la delegación tras la dimisión de Martín. La denuncia señala que entre el 26 de octubre, cuando el denunciado negó la existencia de circunstancias que justificaran la disolución, y el 3 de noviembre, cuando se produjo el desalojo, no hubo nuevos hechos que justificaran este cambio, salvo la dimisión del propio Martín.

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