La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta escrita ante la Comisión Europea para denunciar las graves intimidaciones e interferencias que ha sufrido la magistrada Beatriz Biedma. Ella está a cargo de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por diversos delitos.
Esta iniciativa surge tras la comparecencia de la magistrada ante la Audiencia Nacional, donde denunció haber sido víctima de intimidaciones y maniobras dirigidas contra ella y su familia mientras llevaba a cabo su labor investigadora. La causa contra Sánchez incluye acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, siendo su condena a nueve años de inhabilitación confirmada por prevaricación administrativa.
Un informe de la UCO incorporado a la investigación detalla testimonios sobre seguimientos a Biedma y contactos con personas vinculadas al narcotráfico, donde se habría planteado la posibilidad de “eliminar” a la magistrada.
“Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función y cuando los investigadores de las causas que dirige denuncian presiones. La independencia judicial no es elegible según a quién afecta. Es uno de los pilares del Estado de Derecho europeo”,
La eurodiputada también ha solicitado a la Comisión que evalúe si estos hechos son compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea y con las garantías de independencia judicial para los Estados miembros.
Los jueces bajo presión
Además, Montserrat pregunta qué garantías exige el Derecho de la Unión frente a las presiones sobre los investigadores que trabajan en causas que involucran a personas cercanas al poder político. También busca saber qué acciones concretas está dispuesta a adoptar la Comisión para verificar los hechos y determinar si comprometen la independencia judicial en España.
“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos frente a intervenciones o presiones externas susceptibles de afectar a su juicio independiente. Si se confirma que se recabó información sobre sus movimientos y los de sus hijas, que se investigaron sus rutinas, que se difundieron imágenes de sus hijos, que se contactó con personas potencialmente violentas para intimidarla o que se intentó condicionar la investigación mediante presiones sobre los agentes, el problema para el Estado de Derecho europeo es enorme. Por eso la Comisión Europea no puede limitarse a observar: debe determinar si estos hechos son compatibles con las obligaciones que imponen los Tratados a España”, ha afirmado Dolors Montserrat.
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