En la Audiencia Nacional, el Partido Popular, actuando como acusación popular, ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz que cite al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.
En su escrito, el PP denuncia un “amplio catálogo de actuaciones delictivas” llevadas a cabo por la dirección del PSOE tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de “proteger los intereses del Gobierno y del PSOE” frente a investigaciones judiciales en curso. Todo ello, según el PP, bajo una “organización criminal” supuestamente liderada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista, y creada en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
El PP recuerda que el PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, “puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal” que dirigía Santos Cerdán, quien contaba con la “colaboración” de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.
Los delitos investigados involucran a personas que ocupaban -o aún ocupan- responsabilidades en el PSOE, como es el caso de Santos Cerdán y la gerente del partido. Además, el propio PSOE financió los gastos operativos y logísticos de esta organización criminal, bajo instrucciones de Santos Cerdán, quien tenía un poder “cuasi absoluto, sin contrapesos”, según han reconocido incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la gerente del partido en sede judicial.
El PP también denuncia que no solo promovió esta organización, sino que se involucró directamente en la trama, citando ejemplos de pagos realizados a Leire Díez y a otros relacionados, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver. Además, el PSOE financió, con fondos públicos, a Crónica Libre, que se convirtió en un “medio instrumental de la organización criminal” para retribuir a sus integrantes, con gastos de campaña autorizados por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín.
Todo valía para financiar a las cloacas, incluso a través de consultoras amigas como Zaño, dirigida por el ex dirigente socialista y también imputado, Gaspar Zarrías.
El escrito del PP también menciona que la organización criminal liderada por Santos Cerdán intentó “torcer la voluntad” de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba, utilizando la relación “personal y reiterada” que mantenía Leire Díez con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de “perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO”.
Desde el Partido Popular, se denuncia la falta de controles por parte del PSOE tanto durante la creación de la organización criminal como en la actualidad. El PP fue el primero en pedir la imputación del PSOE por financiación ilegal en el Caso Hidrocarburos, por las “bolsas” que llegaban a Ferraz llenas de dinero. Actualmente, la financiación del PSOE está siendo analizada en tres causas distintas: la del fuel, la del Caso Koldo y la del Caso Cloacas Socialistas.
Estas causas se suman al carrusel de imputados y condenados alrededor de Pedro Sánchez y del PSOE, incluyendo al ex secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al ex asesor gubernamental, Koldo García, al hermano del propio presidente del Gobierno, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, quien está a punto de ser juzgada por un jurado popular.
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